Durante la colonia se concebía a la mujer a partir de su sexo y su condición étnica, determinando este último el lugar que ocupaba en la estratificada sociedad colonial (sistema de castas), una sociedad caracterizada por ser patriarcal y racista. En aquella época, todas las mujeres "compartían la opresión de género" (Carosio, 2010), traducida en la "subordinación al hombre, la carencia de personalidad civil o política y la exclusión del espacio público pues se entendía que no tenían la capacidad para ejercer derechos como ciudadanas y debían dedicarse a las tareas que la naturaleza imponía a su género" (García, 2011:35). En América, el dominio colonial español determinó ciertas diferencias en función de la condición étnica de las mujeres, entre las blancas y criollas, por un lado, y las indígenas, negras, mestizas y mulatas, por el otro.
Siguiendo con García (2011:34), al interior de la élite española la mujer era "hija, esposa, madre, vinculada siempre al hombre, reducida al espacio privado, [creándose a partir de esta concepción] varios estereotipos de mujer en función de la clase social [a la que pertenecían], íntimamente asociada a la etnia. Así lo particularmente resaltable en la mujer criolla era la belleza y la vestimenta, mientras que en la mujer negra y mulata era su falta de moralidad y su rol como amas de leche, ocupadas en la crianza de los niños en sus primeros años, así como su condición de criadas, sirvientas o esclavas domésticas. Estas atribuciones eran compartidas con las [mujeres] indígenas dedicadas al servicio doméstico en múltiples modalidades". Las mujeres de clase alta eran obligadas a elegir entre el matrimonio o el convento. En el primero, después de haber estado sometida a la voluntad del padre como hija pasaba a someterse a la voluntad del marido, debiendo dedicarse al hogar y en ser madre. En el segundo, la imagen de la mujer se construía alrededor del "estereotipo de mujer piadosa, consagrada al servicio religioso [mientras que la] mujer soltera era portadora de una imagen negativa, objeto de compasión y lástima" (García, 2011:35).
Por su parte, retomando a Carosio (2010), "fuera de la élite, en los sectores populares compuestos por artesanos, productores independientes y comerciantes al menudeo, que conformaban masa heterogénea de gente humilde, sin acceso al poder político ni económico, encontramos a las mujeres que trabajaban en minas, pesquerías de perlas, campesinas de subsistencia, pequeñas comerciantes de bebidas y comidas, costureras, bordadoras, tejedoras, panaderas, areperas, lavanderas, alfareras, etc. que vivían en medio de la pobreza, sobre sus hombros descansó la precariedad de la economía colonial. En la sociedad colonial, las mujeres tenían una intensa participación en la estructura social y económica productiva, aunque sin autoridad ni participación en el poder". En cuanto a las mujeres indígenas —a pesar de su constante resistencia y de preservar los valores y costumbres comunitarias—, mestizas, negras, zambas y mulatas fueron explotadas sexual y económicamente. El cuerpo femenino se convirtió en un "instrumento al servicio del dominio colonial (…) La mujer indígena, como después la africana, tributó sexualmente a los conquistadores, que se apropiaron así de su capacidad reproductora", como también de su capacidad productiva en los textiles, alfarería, agricultura y ganadería, a fin de "poder sobrevivir y pagar sus impuestos tributo" (Carosio, 2010).
Bibliografia
Carosio, A. (2010). Las mujeres en el proceso independentista.
A finales del siglo XVIII la crisis del sistema de dominación colonial español era cada vez más evidente. Los "pactos" que se establecieron entre la administración colonial y los indígenas se vieron afectados producto de la imposición de las denominadas Reformas Borbónicas. Estas reformas, que fueron especialmente de carácter fiscal (tributos), afectaron directamente a los indígenas al restringir sus usos y costumbres y al imponerles más tributos. "El ejemplo más claro se muestra en el hecho de que para la recaudación del tributo no se tomaban en cuenta a los indios destinados a la mita, a las autoridades secundarias como a los mallcus o a los jilaqatas y tampoco a los 'pasantes' de las múltiples fiestas religiosas del calendario católico. Las reformas fiscales borbónicas incluían a todos estos sectores dentro del padrón que debía de contribuir con la tasa de la comunidad" (Soux, 2015:106).
A esta situación se sumó la creciente corrupción de las autoridades españolas, así como la ejercida por las autoridades comunales (caciques), afectando profundamente su legitimidad, así como el acaparamiento de tierras de parte de las haciendas en detrimento de las tierras comunales, la ampliación de la mita y la imposición del sistema de repartimiento forzoso de mercancías. Este sistema consistía "en la venta de productos por parte del corregidor a los indios de su jurisdicción. Esta venta se realizaba de forma forzosa, entregándoles a los indios polvos azules, telas de seda, espejos, libros, cristalería, ropa, anteojos, barajas, y otros objetos que lejos de serles de utilidad eran gravosos y perjudiciales. Con esta acción, los indígenas quedaban endeudados, añadiéndose así una carga más aparte del tributo y la mita" (Soux, 2015:106). En este contexto, germinaron las rebeliones indígenas de fines del siglo XVIII, donde las mujeres intervinieron masivamente y desempeñaron un rol fundamental. Mientras que en la sociedad colonial la administración del gobierno, la política y la guerra estaban reservadas única y exclusivamente a los hombres; en el mundo andino la pareja —hombre/mujer— era (es) entendida como complemento, el chachawarmi. Este equilibrio entre lo femenino y masculino logró conservarse al interior de las comunidades, expresándose en los levantamientos donde las "mujeres indígenas se hicieron visibles como sujetos activos, lejos de modelos femeninos ornamentales y pasivos" (Caballero, 2002:109).
Si bien Micaela Bastidas (en Perú), Bartolina Sisa y Gregoria Apaza (en Bolivia) resultan ser algunas de las figuras femeninas más reconocidas en el proceso de sublevación indígena, por haber sido lideresas militares ocupando cargos de "comandantes, generalas y soldados" (Ari, 2017), existieron otras tantas que también desempañaron un rol destacado. Entre ellas podemos mencionar a Tomasa Titu Condemayta, Manuela Tito Condori, Margarita Condori, Cecilia Tupac Amaru, Marcela Castro (en Perú), Isabel Huallpa, Kurusa Llawi, Tomasina Silvestre, Isidora Katari, María Quiroz, Francisca Orozco, María Francisca Goya, María Feliz, la hija de Sebastián Pagador (en Bolivia). Las relaciones familiares o de parentesco (pareja) fueron un elemento importante para la masiva participación de las mujeres, las cuales desempeñaron una amplia variedad de actividades que iban desde tareas domésticas, económicas, de administración y en batalla.
En el ámbito doméstico, las mujeres preparaban la comida, cuidaban a los niños, garantizaban su asistencia a las escuelas, lavaban y arreglaban la ropa. En lo económico-administrativo, en retaguardia, las haciendas y fincas tomadas estuvieron a su cargo, administrando las cosechas y enviando provisiones a las y los guerreros. En el frente administraban los depósitos de coca, alcohol, aguardiente, joyas y vestidos, estos últimos, resultado de los saqueos. En lo que concierne a la batalla no solo defienden las haciendas y fincas en retaguardia, en el frente participan "acarreando piedras, acumulando galgas e incluso usando la honda" (Del Valle, 1981:12). Se desempeñaron también como informantes y mensajeras, como Pascuala Párraga, que a ordenes de Tupac Katari procuró la entrega de una misiva a la apresada Bartolina Sisa. También fueron "creadoras de ideología, tanto con su actuación como discursivamente" (Ari, 2017). Claro ejemplo de esto último fue la propia Bartolina Sisa, quien después de capturada e interrogada, respondió: "para que extinguida la cara blanca, sólo reinasen los indios", en referencia a las motivaciones de la insurgencia (Del Valle, 1981:21).
Bibliografía
Ari. M. (2017). Las "otras" mujeres de la rebelión Sisa-katarista (1781-1782).
Durante las guerras de independencia, muchas mujeres cuestionaron el rol de sujetos pasivos que tradicionalmente les había asignado la sociedad colonial, convirtiéndose en actoras fundamentales en el proceso de emancipación a nivel social, político, económico y militar. “En algunos casos fueron las condiciones precarias de sus economías familiares las que las incitaron a actuar, en otros sus sentimientos patrióticos, el pensamiento influido por las nuevas ideas revolucionarias procedentes tanto de América como de Europa, el rechazo al orden colonial con la consabida discriminación racial y de clases [dominio y explotación], la rebeldía contra el orden social que relegaba a las mujeres a criaturas sin derechos”, y, en otros casos, las relaciones de parentesco y familiares (García, 2011:38).
A pesar de esto, según Wexler (2000:192), la concepción androcéntrica de la historiografía construyó una imagen (estereotipo) negativa de aquellas mujeres, mostrándolas como anti-modelo, anti-heroínas, peligrosas y masculinizadas, al entender que transgredían el orden social. Un aspecto que no solo estuvo presente durante la colonia, sino que transcendió hasta el periodo republicano y que fue rectificado recién a partir de la década de 1960, bajo la visión de la “heroína”. Lamentablemente, muchos historiadores pretendieron explicar los móviles de la participación femenina solo a partir de la existencia de un “espíritu varonil” en ellas, desechando la existencia de un verdadero “espíritu de lucha como mujeres deseantes en tanto defensoras de utopías e ideales…[que] se sentían parte del movimiento, como seres humanos en lucha” (Wexler, 2000:111). El resultado de esto fue que gran parte de las gestas de las mujeres fueran excluidas e ignoradas por la historia, además de ser su acción feminizada y maternizada, quedando oculto tras aquello la valiosa acción política y militar que desempeñaron (Caballero, 2021 y Wexler, 2000).
Bibliografía
En 1808, Napoleón Bonaparte invadía España. El rey católico Fernando VII era apresado y obligado a abdicar al trono, siendo impuesto como nuevo rey José Bonaparte, hermano de Napoleón. La irradiación de los procesos libertarios, la crisis de la monarquía española, el vacío de poder y la imposición de un monarca francés —cuestionado en su legitimidad—, sumadas las tensiones existentes en América, resultado de las reformas borbónicas que afectaban negativamente tanto a las élites locales (españoles y criollos) como a mestizos y a comunidades indígenas, configuraron un escenario que “planteó en la práctica la posibilidad de la retroversión de la soberanía al pueblo” (Soux, 2015:171).
En este contexto, el 25 de mayo de 1809, se produce el primer grito libertario de Sudamérica en La Plata (Sucre). En el caso de los territorios que posteriormente serán conocidos como Bolivia, el proceso independentista duró 16 largos años, en los cuales la búsqueda de la libertad fue el ideal que motivó la denodada lucha de hombres y mujeres indígenas, mestizas, negras y criollas.
Es importante no olvidar que la mujer, durante la colonia, era concebida como menor de edad, estando legalmente sujeta al padre o al marido. Su actividad estaba relegada al ámbito privado, y su participación en contiendas bélicas era prohibida. Sin embargo, se constata que las mujeres destacaron por participar activamente como integrantes de las guerrillas patriotas, desempeñando incluso algunas de ellas rangos militares e interviniendo como estrategas. Además, vital para el funcionamiento de la maquinaria revolucionaria, se puede mencionar que ellas también:
i) colaboraron en actividades conspirativas; ii) organizaron en sus residencias reuniones y tertulias, donde circulaba información proveniente de Europa y de las recién emancipadas colonias de América del Norte y se discutían las nuevas ideas políticas (estas reuniones servían para planear acciones emancipadoras); iii) aprovechando su supuesta “debilidad” y “apatía política” las mujeres actuaron como espías, organizando redes de información, en las que actuaban como correos al proporcionar informes muy valiosos a los ejércitos patriotas; iv) la redacción de idearios y manifiestos fue otra labor; vi) donación de dinero y joyas para la causa independentista; vii) brindando refugio a los insurgentes; viii) transporte de alimentos, ropas y material bélico; x) asumiendo el sustento familiar ante la ausencia de los hombres integrantes de las tropas insurgentes, con la presencia en los campamentos (troperas, rabonas, guareñas, soldaderas); y xi) ocupándose de la logística, acompañando a las tropas, preparando vituallas, cocinando, atendiendo a los heridos, enterrando a los muertos, portando las armas (García, 2011:37-38).
Bibliografía
LAS MUJERES
EN LA
REPÚBLICA
SUB
PERIODOS
En enero de 2009, mediante referéndum constitucional y con el 61,43% de los votos, el pueblo boliviano aprobó una nueva Constitución Política del Estado (CPE), hecho que permitió iniciar la construcción del Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías (Artículo 1, CPE), resultado de la histórica lucha nacional-popular donde las mujeres desempeñaron un rol preponderante.
En miras del horizonte plurinacional, uno de los elementos más destacados de dicho texto constitucional tiene que ver con el conjunto de disposiciones orientadas a superar la desigualdad, exclusión y discriminación del que históricamente fueron objeto las mujeres. En ese entendido, el Estado Plurinacional asume el desafío de resolver aquella deuda histórica construyendo una sociedad fundada en relaciones de convivencia, respeto, igualdad y equidad (política, económica, social, cultural, institucional y legal) entre todas y todos los que componemos la nación boliviana.
Para este cometido, se establece como uno de los sus fines y funciones del Estado la construcción de una “sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales” (Artículo 9, CPE). A su vez, define como valores la “unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien” (Artículo 8, CE).
En el ámbito de la participación política de las mujeres en los órganos de gobierno, se reconoce la “equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres” (Artículo 11) y la participación “equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres” (Artículo 26.I), en base a los criterios (principios) de paridad y alternancia, tal como establece la Ley Nº 026 del Régimen Electoral (Artículo 2.h). En torno a los derechos, la Carta Magna considera un amplio catálogo de derechos individuales y colectivos, siendo el Estado el garante para su pleno ejercicio. Así, tenemos la disposición que asegura que “todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad” (Artículo 11.II); prohibiéndose y sancionándose toda forma de discriminación fundada en razón de sexo (Artículo 14.II); por lo que el Estado “adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado” (Artículo 11.III).
Entre otros derechos específicos en favor de las mujeres, se cuenta: derechos a la maternidad segura (Artículo 45.V); derecho al trabajo y a una remuneración equivalente a los hombres por un trabajo de igual valor (Artículo 48.V); y derecho al ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos (Artículo 66).
Con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales en favor de las mujeres, se aprobaron una serie de leyes y normas, entre las que podemos destacar: i) Ley N° 026 del Régimen Electoral (2010); ii) Ley N° 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación (2010); iii) Ley N° 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres (2012); iii) Ley N° 348 Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (2013); iv) y la Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas (2018), entre otras.
El Foro Económico Mundial ha diseñado el “Índice Global de Brecha de Género” orientado a comparar, entre 146 países, “el estado actual y la evolución de la paridad de género en cuatro dimensiones clave” (Mujeres 360, 2022) como son: la oportunidad y participación económica, logro educativo, salud y supervivencia, y empoderamiento político. De acuerdo a este índice, en 2009, Bolivia se situaba en el puesto 82, ascendiendo significativamente el año 2012 y 2015 al puesto 30 y 22, respectivamente. El año 2018 se registra un leve descenso a la casilla 25, ubicándose los años 2020 y 2021 en los puestos 42 y 61, respectivamente, mostrando un descenso considerable el año 2022 al puesto 51 (Datos Macro, 2022).
En línea con aquellos datos, uno de los ámbitos donde se registra uno de los avances más notables es la creciente participación política de las mujeres en los diferentes niveles de gobierno (nacional y subnacional), resultado de la aplicación del principio de alternancia y paridad y que posibilitó pasar de las cuotas a la paridad. El año 2014 fue el año que marcó un hito al cumplirse la paridad en la Cámara de Diputados con 65 mujeres (50,77%) y en la Cámara de Senadores con 16 (44,4%) (SEA, 2022a). En las elecciones de 2020, si bien la tendencia positiva es clara, se vislumbró un fenómeno inverso resultando electas 61 mujeres diputadas (46,92%), mientras que en la cámara alta fueron electas 20 mujeres como senadoras (55,5%) (OEP, s/f).
Sin embargo, a pesar de estos avances y de la vigencia de la Ley N° 243, las mujeres autoridades o funcionarias han continuado siendo víctimas de Acoso y Violencia Política (AVP), constituyéndose en uno de los principales temas por resolver. Según datos del Órgano Electoral Plurinacional se tienen registradas 223 denuncias por AVP y 370 renuncias por diferentes causas, entre 2016 y 2022. De manera más precisa, de las 370 renuncias, 42 tienen como causa AVP, 239 como personales/familiares, 30 por salud y 59 registradas como otras causas. De acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo (2021:73), se evidencia que algunas/muchas renuncias forzadas se mimetizan bajo el argumento de “licencia indefinida o renuncia por motivos personales”.
Otro de los temas que más preocupan en torno a las mujeres tiene que ver con los diferentes tipos de violencia y feminicidios de las que son objeto. Según datos de la Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia Contra las Mujeres, elaborado por el INE en 2016, “de cada 100 mujeres casadas o unidas, de 15 años o más, 75 declararon haber sufrido algún Tipo de Violencia por parte de su pareja en el transcurso de su relación” (INE, 2017: 28). Por otro lado, según datos de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) se tienen registrados un total de 34.119 casos por los diferentes tipos de violencia a nivel municipal en la gestión 2021. En cuanto a los feminicidios, también en base a datos de la FELCV, se registra un total de 107 casos a nivel municipal para la misma gestión (SEA, 2022b).
Bibliografía
Datos Macro. (2022). Bolivia - Índice Global de la Brecha de Género.
Mujeres 360. (2022). WEF: Informe Global de Brecha de Género 2022.
OEP (s/f). Presencia de las mujeres en los órganos del Estado Plurinacional.
SEA (2022a). Mujeres y democracia.
SEA (2022b). “Ficha de Estadísticas en materia de Género a nivel Municipal”