“Hasta que en 1961 se conformó el Comité de Amas de Casa de Siglo XX y a fines de 1977 y 1978, cuatro esposas de trabajadores mineros iniciaron una huelga de hambre que abrió brechas para la derrota de la dictadura militar de Hugo Banzer Suárez, el papel de las mujeres en las minas estaba invisibilizado, aunque la presencia femenina en socavones, ingenios y pueblos mineros, en sus vidas y luchas, ostentaba ya una historia de larga data” (Citado en Rodríguez, 2014:271).

Precisamente, las investigaciones ayudan a confirmar que el trabajo femenino en las minas es tan antiguo que se remonta a la época colonial, pero debido al patriarcado imperante se consideró —falsamente— que el “trabajo minero era inapropiado para la mujer argumentándose que demanda un gran esfuerzo físico y que se desarrollo en un ambiente adverso. A pesar de esa visión muy difundida y generalizante, es evidente que la mujer siempre ha estado involucrada en la producción minera, compartiendo con los varones las vicisitudes de su desarrollo histórico. Es una presencia que se revela y oculta entre las condiciones de clase y género” [sic] (Cajías y Jiménez, 1997:11).

Con el transcurrir del Estado boliviano, el movimiento minero pretendió superar aquellas vicisitudes organizándose en sindicatos, elaborando manifiestos, con paros y huelgas, en respuesta a las “tremendas condiciones de vida y de trabajo” imperantes (Lora, 1980:351). La respuesta de los gobiernos de turno, estrechamente ligados a intereses privados nacionales y extranjeros, fue la represión, llegando en muchas ocasiones a la masacre. La clase gobernante, la oligarquía minero-feudal, al igual que en los tiempos de la colonia, castigó al movimiento minero con tal violencia con el afán de desorganizarlo y escarmentarlo.

Las mujeres estuvieron al frente de las reivindicaciones y movilizaciones mineras, motivo por el que muchas de ellas perdieron la vida en las múltiples masacres acaecidas en los centros mineros a manos de los organismos represivos del Estado. Una de las masacres más recordadas, durante el Siglo XX, fue la suscitada el 4 de junio de 1923 en Uncía. Las desavenencias entre el Estado y el primigenio movimiento minero se remontaban a 1918, agudizándose cuando tomaron la determinación de fundar la Federación Obrera Central de Uncía, el 1 de mayo de 1923. El patronato se negó a reconocer dicha federación y en represalia despidió a los principales dirigentes. Las y los mineros comenzaron a organizarse, decretando la huelga general. En respuesta, el gobierno impuso el estado de sitio el primer día de junio y al siguiente día envió tropas al asiento minero de Uncía.

El 4 de junio, Guillermo Gamarra y Gumersindo Rivera —los principales dirigentes— fueron convocados a una reunión. En el lugar, fueron apresados, desencadenando el airado rechazo minero y exigiendo su libertad. Ante la movilización y demandas, el ejército descargó sus ametralladoras contra las masas. De entre los cuatro fallecidos oficialmente reportados se encontraba Luisa G. de la Tapia (Rodríguez, 2018). En 1928, la Federación Obrera Local (FOL) comenzó a publicar el semanario denominado “Humanidad”, encontrándose en uno de sus números un homenaje a Tapia (Beltrán, 1987). Precisamente, en esta revista, el folista Guillermo Pelaez le dedicó el poema titulado “A la mártir de Uncía, Luisa G. de la Tapia”: “Al bronco acorde grave e imperioso/ de la lira rebelde que conjura/ los hórridos cilicios a romper,/ surge en la paz del Angelus radioso,/ su imagen que al dejar la sepultura/ “¡Justicia y Redención!” clama doquier...” (Lora, 1970:78).

La Masacre de Catavi, acaecida el 21 de diciembre de 1942, constituye otro de los episodios luctuosos donde las mujeres estuvieron en la primera línea de las movilizaciones. Iniciada la Segunda Guerra Mundial (1939) la demanda de materiales estratégicos, entre ellos el estaño, se incrementó aceleradamente. El Imperio del Japón atacaba la base naval estadounidense de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 y se hacía con el control de las principales fuentes estañiferas en el Pacífico, convirtiendo a Bolivia en el único proveedor de aquel mineral en el Hemisferio Occidental.  Estados Unidos firmaba contratos de compra de estaño con el gobierno del Gral. Enrique Peñaranda orientados a “garantizar la provisión de estaño y minerales estratégicos para la contienda bélica que libraba ese país contra Alemania y Japón” (Oporto, 2012).

En este contexto, los sindicatos mineros demandaron mejores condiciones salariales, en un imaginario de “reciprocidad y (…) costumbre tradicional (…) [que exigía] que la empresa compartiera con ellos sus nuevos beneficios tal como había ocurrido en el pasado, cuando con cada época de boya (auge) se llevaba a efecto una redistribución de beneficios (…) no era, pues posible aceptar que la compañía transnacional aprovechara sólo para sí los inesperados réditos y utilidades a costa del sacrificio de sus miles de obreros y sus familias que vivían en pocilgas, hacinados y con bajos salarios” (Rodrígues, 2014:202). Al contrario de atender las demandas, el gobierno de Peñaranda y los Barones del Estaño (Simón I. Patiño, Mauricio Hoschild y Carlos Víctor Aramayo) pretendieron proscribir a los sindicatos, eliminar el “sábado inglés”, restringir la pulpería y en abril de 1942 el presidente dictaba el Decreto de Seguridad del Estado. En palabras de Guillermo Lora (1980:357): “el Gobierno preparaba la represión para servir mejor al imperialismo”.

Por varios meses las partes no pudieron llegar a un acuerdo, por lo que los mineros decidieron realizar una gran movilización el 21 de diciembre y enrumbar en dirección a la gerencia de la Patiño Mines. La masa de aproximadamente ocho mil mineros fue vanguardizada por una anciana de nombre María Barzola, madre de un trabajador de Ánimas; Eleuteria G. de Nina, ex obrera de la sección Azul; Carmen Rioja, hija de una trabajadora de Ánimas; y Melchora Rodríguez, esposa de un peón de Catavi (Oporto, 2012 y Rodríguez, 2018). Las y los mineros fueron interceptados por el ejército y a fuego de ametralladora, según los reportes oficiales, causaron 20 bajas y medio centenar de heridos.

“Un año después, Antonio Gaspar, del Sindicato de Catavi, dijo: ‘A la cabeza de los que pedíamos pan estaba una anciana que llevaba la Bandera Nacional y ella recibió la primera descarga de metralla cayendo envuelta en los pliegues de la tricolor boliviana, y así fue que quienes pedíamos pan, recibimos bala’. Esa anciana no era otra que María Barsola y cuyo nombre ha sido enarbolado con fines proselitistas por agentes extraños al proletariado [principalmente, el Movimiento Nacionalista Revolucionario] y ha concluído convirtiéndose en un símbolo del martirologio de la clase obrera” [sic] (Lora, 1980: 378). Las otras tres mujeres que acompañaban a Barzola también murieron ese día.